La nueva Ley de contratos del sector público: una oportunidad para las PYMEs

November 27, 2017

El BOE ha publicado hace unos días la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Una reforma largamente esperada, por parte de aquellas empresas que tienen entre sus potenciales clientes a las distintas Administraciones Públicas, y que echaban en falta una relación de mayor igualdad y seguridad jurídica, así como una reducción de la burocracia.

 

 

Antecedentes.

 

Hoy en día, muy pocos discuten el importante rol que deben jugar las Administraciones Públicas como agente económico de primer nivel en el mercado. Sin embargo, en España llevamos décadas sufriendo las consecuencias de una "ley del embudo", consistente en colocar el lado estrecho en contra de los ciudadanos, y el ancho en favor de la Administración. Como sabemos, ello ha propiciado la extensión de multitud de prácticas ilegales y anti-éticas, entre otras: la contratación "a dedo", la proliferación de la burocracia, la corrupción, el caciquismo y la cultura de la subvención.

 

Por fortuna, estos vicios han sido objeto de las oportunas denuncias públicas a través de la prensa, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. La multiplicación de escándalos y apertura de procesos judiciales contra los políticos, ha favorecido la alarma de la Unión Europea, que hace años decidió poner coto a la discrecionalidad en la contratación pública, mediante la aprobación de varias Directivas de obligado cumplimiento.

 

Como es habitual, España llega tarde a incorporar y trasponer esa normativa a su propio ordenamiento jurídico. Por fin, tras varios años de tramitación parlamentaria, este mes de noviembre se acaba de aprobar el Proyecto de Ley que desarrolla dicha regulación, la cual entrará en vigor de manera escalonada y progresiva.

 

Objetivos.

 

El principal objetivo declarado de esta Ley es acabar con la corrupción en la contratación pública, reduciendo al mínimo las decisiones discrecionales en manos de cargos y órganos políticos. A su vez, se tratan de agilizar los procedimientos mediante la reducción de plazos e instancias, lo cual se ve favorecido por la tramitación electrónica de expedientes.

 

Estas intenciones son loables, pero su plasmación en la Ley adolece de cierta timidez. Sin duda, el texto podría haber sido mucho más ambicioso y contundente, desarrollando con mayor detalle las normas impulsadas por varias Directivas europeas. A este respecto, no hay que olvidar que algunas disposiciones de las Directivas ya están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Especialmente, a través de la Ley de Régimen Jurídico (LRJ), que incorpora o modifica artículos sobre prohibiciones de contratar, criterios de adjudicación, y sobre todo concesiones. 

 

Agilidad y concurrencia.

 

La LCSP, siguiendo la inspiración de la LRJ, se enfoca a una cierta reducción de cargas administrativas. Así, por ejemplo, se generaliza la Declaración Responsable (ver también DEUC), fomentando el uso de las TIC a través del procedimiento electrónico, lo cual no supone ninguna novedad especial en España (ya que viene aplicándose de manera creciente desde hace casi una década)

 

Por otro lado, la Ley procura aumentar la concurrencia competitiva, especialmente por parte de las PYMEs. De acuerdo con ello, se acentúan los principios de publicidad y transparencia, en aplicación del llamado “buen gobierno” y la lucha contra la corrupción.

 

Controles y garantías anti-corrupción.

 

En la misma línea, aumentan el control y las garantías, con especial atención a las prohibiciones de contratar y las modificaciones de contratos, el ámbito subjetivo de la Ley (ampliado), la generalización del nuevo procedimiento abierto simplificado (que sustituye en la práctica al negociado sin publicidad), los criterios de adjudicación relacionados con el coste-eficacia y la calidad-precio, la necesidad de negociar en el procedimiento negociado, el control de la morosidad, la consolidación de los recursos y tribunales administrativos especiales en materia de contratación, y otras medidas antifraude y anticorrupción sobre los órganos de contratación, especialmente en relación a los órganos de supervisión.

 

Sin embargo, se echan el falta ciertas prevenciones contra la discrecionalidad y la contratación “a dedo”: por ejemplo, sigue siendo legal que un Ayuntamiento pequeño prescinda de documentar ningún tipo de expediente, en un contrato de obras que no supere los 50.000 euros.

 

Tipología de contratos.

 

La Ley amplía los contratos SARA (sujetos a regulación armonizada) a los contratos de servicios: una laguna jurídica que no quedaba clara hasta la aprobación de la Ley. Por otro lado, se suprimen los contratos CPP (colaboración público privada) Algo que sorprende, cuando precisamente Europa apoya y fomenta la colaboración público-privada más que nunca. Por último, se unifican todos los contratos de concesión, aunque se mantiene la diferencia objetiva entre concesión de obras y concesión de servicios.

 

En cuanto a los procedimientos, el abierto se considera el “normal”, abogando la Ley por el abierto simplificado. El restringido y el negociado se mantienen, pero ya no será posible prescindir de la publicidad.

 

Asociación para la innovación (compra pública innovadora)

 

Una gran novedad introducida en nuestro ordenamiento, de vital importancia para las PYMEs de nuestro país, es la denominada “Asociación para la innovación”, que de hecho está en vigor desde el pasado 18 de abril, por el efecto directo de aplicación del derecho comunitario. Un principio que trata de adaptar la contratación administrativa a los nuevos avances tecnológicos, dentro de la estrategia europea denominada "Horizonte 2020".

 

Sin duda, debemos incorporar una nueva manera de comprar, en la que empresas y emprendedores encuentren en la administración pública un entorno favorable para implantar sus productos y servicios más innovadores. A este respecto, la contratación pública de innovación, denominada “compra pública innovadora” (CPI) posee un importante potencial para el impulso del progreso tecnológico. Especialmente, las PYMEs del sector TIC podrían contar aquí con una gran oportunidad para desarrollar soluciones en el campo de las smart cities, IoT, etc. Esto les permitirá formular una apuesta más decidida por un tipo de cliente (entidades locales) que pueden dotar de visibilidad y fiabilidad a sus iniciativas de innovación.

 

Igualmente, esta modalidad de contratación tiene la virtualidad de desplazar el modelo tradicional de la subvención hacia la contratación pública. De esta forma, la Administración acepta ofertas de nuevos productos o, ante la inexistencia de soluciones, solicita colaboración al mercado en régimen de total transparencia.

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado esta “Guía 2.0 para la compra pública de innovación” dirigida a las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público contratantes. La lectura de esta guía por parte de las PYMEs, servirá para la mejor y más adecuada aplicación de los procedimientos de contratación y adjudicación de la compra pública innovadora, tanto en su modalidad de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) como en la de Compra Pública Pre comercial (CPP), en tanto que instrumentos diferenciados pero ambos orientados con igual relevancia al fomento de la política de innovación. 

 

Desde Preinver Gestión, estaremos atentos a estas oportunidades, para brindar a las PYMEs un servicio de asesoramiento que les facilite acceder a esta nueva forma de relación comercial con las Administraciones Públicas.

 

No duden en consultarnos cualquier duda relativa a cualquier procedimiento de contratación. Estaremos encantados de atenderles.

 

 

 

 

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